Iom Kipur

¿Reproducir plantas es delito?

Un floricultor de la localidad de Chipiona (Cádiz) ha sido condenado a seis meses de prisión, multa e indemnización por daños y perjuicios causados por reproducir plantas de clavel pertenecientes a la variedad protegida ‘Wesroman’, según ha informado la asociación nacional de obtentores vegetales (Anove) en un comunicado.
Esta reproducción tenía lugar mediante el enraizamiento de esquejes de las plantas, con lo que se multiplicaban y luego se plantaban para producir flores destinadas al mercado. Esta sentencia, que ha sido dictada por el Juzgado de lo Penal número cuatro de Cádiz y contra la que no cabe recurso, indica que el condenado ha cometido un delito contra la propiedad intelectual, que se encuentra tipificado en el artículo 274,3 del actual Código Penal. Puesto que este tipo de clavel pertenece a una variedad vegetal protegida, la entidad titular de esta protección cuenta con una serie de derechos exclusivos según la ley.
Entre estos privilegios se encuentra la producción, la reproducción (multiplicación), el acondicionamiento para la reproducción, la venta o comercialización, la exportación o importación, e incluso la mera posesión para cualquiera de esos fines. Según destaca Anove, la reproducción no autorizada de plantas de variedades vegetales protegidas de clavel constituye “un grave problema” en las zonas productoras de esta especie dentro de Andalucía.
Apuntan que este “fraude masivo” tiene graves consecuencias, no sólo para las entidades que se dedican a obtener nuevas variedades vegetales, “a los que se están causando pérdidas multimillonarias cada año”, sino también para todo el conjunto del sector. Además, añaden que este problema se une a la “grave crisis” que actualmente afecta al sector de la flor cortada en la región.
En este caso, se considera que el condenado ha realizado una serie de actos de reproducción no autorizada de esta variedad de claveles, para los que no ha contado con autorización o licencia de la entidad titular de los derechos exclusivos. Además, estos actos se han realizado “con pleno conocimiento de su registro y actuando en todo momento con fines lucrativos en su propio beneficio patrimonial”. Dicho procedimiento judicial ha sido iniciado a raíz de denuncia presentada por la entidad Gestión de Licencias Vegetales, AIE, ante la Patrulla Fiscal Territorial de Sanlúcar de Barrameda de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz.
imagen: B8 CC BY SA
texto: ABC